La organización puertorriqueña Adopta Ahora, a través de su presidenta, Sylvia Villafañe, se manifestó satisfecha con la reciente aprobación del proyecto de la Cámara (CAA3) que enmienda la Ley de Adopción de Puerto Rico. “Es una legislación de avanzada que nosotros propulsamos y apoyamos desde el primer momento, porque entendemos que brindará herramientas extraordinarias para que la adopción en Puerto Rico sea, por fin, un proceso ágil y viable”, dijo la ejecutiva. “Es una gran noticia que recibimos con mucha fe y entusiasmo”.
Y es que la gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió hoy en ley la medida presentada por la representante Jacqueline Rodríguez Hernández -presidenta de la Comisión Especial que evalúa la Nueva Ley de Adopción de Puerto Rico y Adultos Mayores- que permite incluir a un delegado de la Rama Judicial al “task force” o equipo de adopción, un representante del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico y un representante del Departamento de Justicia.
“He dado una batalla dura en favor de los niños que esperan ser adoptados”, dijo Rodríguez Hernández. “La nueva ley recoge cuatro asuntos importantes. Primero que obliga a las instituciones de salud a que provean y publiquen un cartel de la entrega voluntaria a las madres embarazadas que quieran tener sus hijos pero no retenerlo y establece códigos de multa, de no hacerlo así. Segundo, que en el R.E.V.A., (Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico), donde se suscriben los futuros padres para estar en turno para adoptar, solo tengan que registrarse al principio del proceso y al final, cuando hayan sido seleccionados, ya que como son documentos expedidos por el Gobierno caducaban y tenían que estar renovándolos continuamente. Eso desanimaba mucho a algunos y desistían del proceso”, abundó la representante.
Un tercer aspecto nuevo es que ahora, por ley, “las organizaciones sin fines de lucro que atienden y promueven la adopción van a ser parte de la junta que establece la ley de adopción. Los niños tienen defensores dentro de esa junta, por eso estamos bien complacidos”, señaló Rodríguez Hernández. “La ley no es perfecta pero se han ido descubriendo asuntos para mejorar los artículos en la ley. Aunque yo no prevalecí en la elección, estoy confiada en que el gobernador Pierluisi presentará enmiendas adicionales necesarias para mejorar la calidad de vida de los niños y que la ley de adopción cumpla con el objetivo de que sea un proceso justo y expedito”.
Además, que el Departamento de la Familia convocará públicamente cada seis meses a todas las organizaciones que promuevan la adopción de menores, para discutir los esfuerzos que se han hecho. “Eso definitivamente nos permitirá seguir enfocados en mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes que esperan ser adoptados”, concluye Villafañe.
Según datos provistos por la Administración Auxiliar de Cuidado Sustituto y Adopción de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia, para agosto de 2019 habían 338 menores de cuatro años en adelante que han sido privados de patria potestad y están listos para ser adoptados. Y también, el año pasado -gracias a los esfuerzos de muchas organizaciones, como Adopta Ahora- se lograron unas 241 adopciones, superando las efectuadas durante los pasados cinco años y se espera que continúen en aumento.
